(untitled) (REVISTA NERA, 2012)
La llegada de la democracia a España supuso la aprobación de leyes de reforma agraria en las regiones del Sur: Andalucía y Extremadura. En ambas, la pervivencia de la gran propiedad latifundista, por un lado, y el peso del colectivo de los jornaleros (campesios pobres y sin tierra) que reivindicaba “la tierra para quien la trabaja”, por el otro, justificó la aplicación de la reforma agraria. Sin embargo, en el cuarto de siglo que ha transcurrido desde entonces no se ha repartido ni una sola hectárea entre los jornaleros: la reforma agraria no se ha realizado. Este artículo explica por qué no se ha producido el reparto de la tierra mediante dos hipótesis entrelazadas: la paralización de la propia ley y la articulación por parte del Estado de un sistema de prestación singular (Plan de Empleo Rural – Subsidio Agrario).